Ediles se reunieron esta mañana para trabajar en la Ordenanza N° 7266/2018, por la cual la Municipalidad de San Salvador de Jujuy no podrá otorgar, transferir, autorizar o registrar de manera definitiva las habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
A partir de la Ley Nº 5273, se dispuso la creación en el ámbito de la provincia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el cual tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría de Justicia, y tiene dos funciones específicas: llevar adelante el registro de todas aquellas personas que adeuden total o parcialmente cuotas alimentarias a menores o personas discapacitadas y, por otro lado, emite las constancias si una persona se encuentra o no en el registro.
La reunión estuvo encabezada por el Presidente del Cuerpo Legislativo, Lisandro Aguiar, acompañado de los concejales María Galán –impulsora de la norma-, Estela Flores, Patricia Moya, Marcelo García y Miguel Ángel Morales; quienes recibieron a diferentes autoridades en miras a encaminar el cumplimiento de la ordenanza de la manera más ordenada.
Entre los asistentes, se acercaron al edificio legislativo a emitir su opinión el Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, Daniel Ernesto Suárez, y el coordinador del registro, Dr. Federico González; la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Cristina Rodríguez; la Dra. Ana Gabriela Igarzabal, Presidente del Colegio de Abogados de Jujuy; desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Dra. Betina Demattei; la Dra. María Marcela Infante, Secretaria de Derechos Humanos; e integrantes del Poder Judicial, entre otros.
El objetivo principal del encuentro fue lograr un trabajo articulado con todas las partes presentes, centrado en los derechos del niño y los perjuicios del incumplimiento del deber alimentario. Los concejales, por su parte, quedaron a disposición para colaborar con la propaganda y campaña de información al respecto.
Al respecto, la concejal María Galán, encargada de promover la reunión, aclaró que están buscando profundizar las tareas, llamar a más gente, y así tener una mesa más amplia “para poder trabajar tanto en capital como provincia, con un tema fundamental como es los derechos de los niños”.
Por su parte, el Secretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, Daniel Suárez, destacó que la reunión se centró en “encontrar mecanismos que podamos implementar y ver cuales podemos mejorar, ya que tenemos la intención desde el Gobierno de potenciar este sistema”.
A su turno, la Dra. María Marcela Infante, Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, recordó que “estamos ante una herramienta nueva, que surgió de un gran trabajo, y tiene por objetivo seguir articulando las partes para que cada vez funcione mejor gracias a la participación de todas las instituciones”.
Por último, la Presidente del Colegio de Abogados, Dra. Ana Gabriela Igarzabal, celebró la representación de todos los sectores, con quienes “debatimos y valoramos la sanción de la ordenanza que se dictó desde este Concejo Deliberante, girando esencialmente en torno a la exigencia de no tener antecedentes como deudores alimentarios y las posibles compensaciones”.
El dato: Entre las represalias se destaca no poder acceder a licencias o permisos para taxis de radio llamada, taxis compartidos, taxis fletes, transporte escolar u otro tipo de transporte alternativo de pasajeros; habilitar o inscribir a profesionales y técnicos en la matricula municipal; conferir habilitación comercial definitiva, cambio de local comercial, dar de baja o transferir dicha habilitación.
Esto será hasta tanto se acredite que no se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos previsto en la Ley Provincial, considerando la posibilidad de trabajo o ingresos personales de los deudores.
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